En los últimos años, España se ha enfrentado a una transformación profunda impulsada por dos grandes fuerzas: la digitalización y la sostenibilidad. Pero en medio de este cambio estructural, hay un actor que muchas veces pasa desapercibido y que resulta esencial para garantizar que esta transición sea inclusiva, equitativa y verdaderamente justa: el Tercer Sector.
El concepto de transición justa hace referencia al proceso de cambio hacia una economía más sostenible —tanto en términos ambientales como sociales— que no deje a nadie atrás. En otras palabras, no se trata solo de implementar tecnologías verdes o digitalizar servicios, sino de asegurar que estos avances beneficien también a las personas en situación de vulnerabilidad y no generen nuevas formas de exclusión.
La digitalización y la sostenibilidad no son procesos independientes. La tecnología digital permite optimizar recursos, reducir emisiones, mejorar la eficiencia energética y transformar sectores tradicionales hacia modelos más respetuosos con el medio ambiente. Al mismo tiempo, sin una estrategia digital inclusiva, corremos el riesgo de ampliar la brecha social y dejar atrás a millones de personas.
Aquí es donde el Tercer Sector entra en juego de forma decisiva.
Las organizaciones sin ánimo de lucro tienen un conocimiento profundo de las realidades locales y de los colectivos más vulnerables. Su trabajo diario les convierte en aliados estratégicos para promover una transición digital y ecológica que no solo sea eficiente, sino también humana y solidaria.
Entre sus contribuciones clave destacan:
Muchas entidades sociales ya están ofreciendo formación digital a colectivos con menor acceso a la tecnología: personas mayores, migrantes, mujeres en situación de exclusión, población rural, entre otros. Esta labor es fundamental para que nadie quede al margen de los servicios digitales, del mercado laboral digitalizado o del acceso a la información.
Numerosas iniciativas del Tercer Sector fomentan modelos de economía circular y consumo responsable. Desde bancos de alimentos hasta talleres de reutilización y reciclaje, estas acciones tienen un impacto directo en la sostenibilidad ambiental y en la creación de empleo verde y local.
Las entidades sociales no solo responden a necesidades existentes, sino que también experimentan con nuevas formas de intervenir: plataformas digitales colaborativas, aplicaciones de apoyo comunitario, redes de voluntariado online… Todo ello con un enfoque centrado en las personas.
El Tercer Sector actúa como puente entre la ciudadanía y las instituciones, visibilizando las necesidades de los colectivos más afectados por la desigualdad digital o la precariedad ambiental. Su capacidad de incidencia resulta crucial para diseñar políticas públicas más justas.
Sin embargo, para que el Tercer Sector pueda desempeñar plenamente este papel transformador, necesita apoyo. Es necesario invertir en su propia digitalización, facilitar el acceso a financiación para proyectos verdes y tecnológicos, y establecer marcos de colaboración público-social estables y ambiciosos.
Además, es fundamental reconocer su papel estratégico en los planes de recuperación y en la implementación de los fondos europeos Next Generation EU, que deben contemplar la inclusión social como eje transversal.
España no podrá avanzar hacia una economía más digital y sostenible sin contar con el Tercer Sector como aliado esencial. Su labor diaria, su arraigo en la comunidad y su compromiso con la justicia social les sitúan en el corazón de una transición que debe ser, ante todo, humana.